El relevo en el Ministerio de Hidrocarburos estaba más o menos anunciado desde que hace diez semanas se filtrase la renuncia del titular Franklin Molina que pese a los esfuerzos por negarla, quedó patente con el silencio de los principales señalados.
Más sorpresa resultó el nombramiento de un tarijeño en el
cargo, en este caso Alejandro Gallardo, pues arrebatar la cartera al
departamento ya supuso un momento traumático en 2020 luego de haberla ocupado
con continuidad desde que en medio del fragor de la batalla por Margarita, en
2012, Evo Morales nombrara a Juan José Sosa y posteriormente en 2015, le
entregara la preciada misión de reorientar una cartera a Luis Alberto Sánchez,
que se mantuvo en el cargo hasta 2019.
Los tiempos de los Hidrocarburos
Sosa recibió la cartera en un momento de expansión, donde
los campos encontrados se llenaban de pozos nuevos y que en numerosas ocasiones
generaban conflicto, como en el caso de Margarita que llevó a un pulso
entre Tarija y Chuquisaca de la que se
extrajeron conclusiones y normativas no muy ortodoxas sobre los “Campos
Compartidos” que benefició, sobre todo, a Chuquisaca. El objetivo declarado de
aquella época era “industrializar”, y Sosa fue el ministro presente en la
puesta en marcha de la planta separadora de Río Grande y después en la del
Chaco.
Sosa también fue el ministro que impulsó la termoléctrica en
el Gran Chaco, que sirvió para ampliar el Sistema Interconectado hasta la
región, y posteriormente llegó a prometer/anunciar junto a Evo Morales la
instalación de la petroquímica de propileno y polipropileno en Yacuiba.
Sánchez sin embargo recibió otra misión muy clara: explorar.
Las alarmas habían sonado ya en todas las áreas en producción, especialmente en
San Antonio y San Alberto y la estrategia de “socios y no patrones” hacía
aguas. La inversión en exploración bajó a mínimos y Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) no se fortaleció. La consecuencia era evidente, pues
la “fábrica de dólares” se iba a gripar y no habría una fórmula para
sustituirla.
Sánchez, formado en la universidad de los 90, optó por el
método liberal clásico: armó un fondo de promoción a las inversiones, el famoso
fondo de incentivos, que planteaba pagar más a quienes exploraran más rápido, y
decretó el levantamiento de la protección en varias de las zonas protegidas del
país ya exploradas con anterioridad, pero reservadas para el futuro.
Sánchez, cuyos afanes optimistas llegaron a promover el
lema: “Bolivia, corazón energético de Sudamérica”, cosechó también severos
fracasos que acabaron en mofa, como el pozo Boyuy, que hizo inaugurar al propio
Evo Morales y que luego resultó improductivo, con el agravante añadido de que
lo acabó pagando YPFB. También es conocido por su sentencia sobre “el mar de
gas”, malinterpretada en muchos casos, pues hacía referencia a reservas no
convencionales que, en todos los casos, no han sido exploradas a pesar de que
amagó en varias ocasiones con autorizar la técnica.
La indefinición de Molina y la herencia de Gallardo
Los tiempos de Franklin Molina han sido, sin embargo, mucho
más discretos e indefinidos. El sector ha presentado dos veces el mismo plan de
reactivación de los hidrocarburos sin que se hayan tenido resultados
significativos en la zona tradicional y solo una buena noticia en la zona nueva
del norte de La Paz donde el pozo Mayaya se ha presentado como un éxito sin
precedentes aun cuando el reservorio no está delimitado ni hay pruebas de
comercialidad positivas. Este hecho, unido al relevo en el Ministerio ha levantado
“sospechas”.
Molina tampoco ha resuelto ninguno de los problemas
heredados más allá de declaraciones genéricas. Los más “simples” tienen que ver
con la provisión de combustibles, donde se han alcanzado acuerdos con Rusia,
muy necesitada de mercados, y se han hecho anuncios sobre plantas de biodiésel
que tampoco se concretan en el tiempo.
Los desafíos con Tarija
El más inmediato, pero no el único, tiene que ver con el
proyecto de San Telmo, en el corazón de la reserva de Tariquía y paralizado
desde hace cinco años. El asunto es de fondo, pues aunque hay rechazo popular,
YPFB ni siquiera ha dado curso serio a la consulta de ley. Los comunarios
coinciden en que los estudios previos son insuficientes y es más que posible
que no compense un proyecto tradicional en la zona respecto al perjuicio
ambiental, como se empieza a evaluar en el valle de Margarita, al norte de la
región. Sin embargo, el Ministerio, que es el responsable político de este tipo
de decisiones, simplemente la ha alargado en el tiempo.
Hay otro tema no menor: el área de Huacareta, el oeste de
Entre Ríos, tiene una estimación norte – sur que trasciende los límites de
Tarija hacia Chuquisaca. En la zona tarijeña se perforó el pozo Jaguar X6 sin
éxito, y Shell se llevó las máquinas al norte, sin embargo, no se ha hablado de
como afectaría y se distribuiría este pozo evidentemente compartido.
Por otro lado, el debate general sobre el fracking sigue
abierto. La última Ley aprobada sobre el sector abre espacios por los que
fácilmente puede interpretarse la autorización de esta técnica. En esas, las
últimas aseveraciones del propio Molina señalando que el norte de La Paz se
convertiría poco a poco en la cuenca neuquina argentina, donde el proyecto Vaca
Muerta sustituyó casi en pleno a los proyectos en el norte de Salta, justo al
otro lado de la frontera con Tarija, quedan en el aire. La planta Separadora de
Líquidos del Gran Chaco es la principal obra de infraestructura del sector y la
más infrautilizada. A partir de ella es que se debía alimentar cualquier
niciativa de industrialización petroquímica en la región.
Será el nuevo ministro el encargado en poner en contexto
esta nueva estrategia y poner en la ecuación a Tarija.
El País
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