“Hemos hecho las solicitudes para que la Asamblea exija explicaciones sobre el movimiento presupuestario al ejecutivo regional, José Quecaña y hemos recibido una respuesta que no corresponde; por tanto, hemos reencaminado las acciones, agotando todas las vías administrativas, para poder ser efectivos en la acción que vamos a desarrollar, porque debemos defender desde la parte legal lo que le corresponde por Ley al municipio de Villa Montes”, indicó.
Pese a que las acciones constitucionales respecto al pago del Bono Esperanza no han sido claras y siguen con algunos vacíos técnicos no especificados, el Gobierno Regional, con el objetivo de favorecer a la población necesitada en esta época de pandemia, procedió al censo de todo el municipio, tanto del área urbana, como rural, para identificar los núcleos familiares y poder tener la lista de quiénes serían los beneficiarios de este bono, que como bien indica, estaría destinado a los jefes o jefas de hogar, por un monto de Bs. 500.
“Establecimos brigadas conformadas por nuestro personal institucional, en coordinación con los presidentes de las OTB’s para poder censar y verificar a quiénes les correspondería este beneficio, lo hicimos en el plazo de tiempo que habíamos estimado y consiguientemente estamos realizando el cruzamiento de datos para tener un mínimo de margen de error”, manifestó el asesor general del Gobierno Regional.
Finalmente dijo que en el censo se pudo identificar a un grupo de personas que figuran con registro en el padrón electoral, en otros departamentos del país, lo que indica que no residen habitualmente en Villa Montes, por tanto, deben analizar ese y otro tipo de situaciones, para tener la lista oficial de los beneficiarios y poder empezar a cancelar.
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