El cuerpo de la víctima, un niño de 10 años, ya estaba siendo velado, y un documento indicaba que había fallecido por paro cardiorrespiratorio secundario. Sin embargo, el padre empezó a sospechar debido a los signos de violencia visibles en el cadáver y denunció el caso a la FELCC. Se descubrió que el menor de edad había sido golpeado y asfixiado.
¿Cuán fácil es encubrir un crimen con certificaciones falsas en Bolivia? Nélida Q. estuvo a punto de lograrlo, pero su expareja descubrió en su hijo, de 10 años, señales de violencia que desmentían la versión de un accidente. Aunque ella alegaba que el niño se cayó del techo, el padre notó marcas de maltrato en el cuerpo durante el velorio, lo que lo llevó a denunciar el caso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, en La Paz. Resultó que había toda una red operando; la madre intentó encubrir el crimen con la ayuda de personal de una funeraria, un falso médico que emitió un certificado de defunción fraudulento y una oficial de registro civil.
Todo salió a la luz el martes 3 de septiembre, cuando Juan Carlos Q.H. se presentó en la FELCC para reportar la muerte de su hijo, cuyo cuerpo estaba en una funeraria. Él sospechaba que la muerte había sido violenta. Los efectivos verificaron un certificado médico firmado por Celso Prudencio M.C., en el que se indicaba un deceso por paro cardiorrespiratorio secundario. Sin embargo, el cuerpo de la víctima mostraba dos surcos en la parte superior del cuello.
Tanto la Policía como el Ministerio Público descubrieron una red que intentaba encubrir el infanticidio. Las irregularidades eran numerosas: en primer lugar, Celso Prudencio M.C., quien afirmaba ser médico internista o cirujano, en realidad trabajaba como naturista. Además de él, también estaban involucrados empleados de una funeraria que facilitaron la emisión del certificado de defunción fraudulento. Fueron detenidas Patty G.M., Jimena Raquel M.L., y Lizeth M.L., quienes ofrecían servicios funerarios. También se descubrió la participación de Felipa Benigna R.A., oficial de Registro Civil. Su oficina fue precintada y se encontraron copias del certificado de defunción del niño.
Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la realidad era otra: no se trató de un accidente, sino de un infanticidio. Nélida Q. golpeó a su hijo en la espalda, lo que provocó que cayera al suelo y se golpeara la quijada. Luego, lo asfixió. Sin embargo, tanto ella como su actual pareja, Edwin T.S., sostenían que el menor de edad se había caído del techo y que su muerte fue accidental.
Otra situación llamativa fue que Celso Prudencio ni siquiera había sido estudiante de Medicina, pero tenía varios sellos y certificados de defunción en el inmueble donde ofrecía sus servicios. Además, esta persona tenía antecedentes por presunto delito de trata de personas desde 2010.
Del Castillo indicó que se revisarán todos los certificados emitidos por este hombre debido a la posibilidad de que haya otros casos irregulares, ya que no tenía la autoridad para emitirlos. La tarea es bastante extensa, y se espera que las autoridades proporcionen más información sobre este caso.
Hay quienes buscan “tapar” crímenes a toda costa. Algunos intentan evitar que el cuerpo de la víctima sea trasladado a una morgue para eludir la autopsia, la cual podría revelar la causa real de la muerte. Por ejemplo, en octubre de 2021, la Policía intervino en el velorio de una mujer que ni siquiera había sido reportada como fallecida. Se observaron signos de violencia en el cuerpo, lo que suscitó sospechas y llevó a las autoridades a investigar. Finalmente, se confirmó que la mujer había muerto por estrangulamiento, y el caso continuó con una acusación de feminicidio contra el esposo.
Otro caso con circunstancias similares salió a la luz en febrero de 2022 en Cochabamba. Ese año, un padre y su concubina fueron detenidos por la muerte de un niño, de tres años. El menor de edad había sido enterrado de manera clandestina en una comunidad del norte de Potosí, pero, tras realizarse la necropsia a solicitud de la madre de la víctima, se descubrió que había recibido varios golpes en la cabeza hasta perder la vida.
El crimen ocurrió en enero en una vivienda del barrio Alto Cobol, al sur de la ciudad. El niño vivía con su padre y su madrastra, quienes trasladaron el cuerpo a otro lugar y lo enterraron sin autopsia ni certificado de defunción.
La madre del niño comenzó a sospechar cuando buscó explicaciones sobre la muerte de su hijo. Su expareja, padre del niño, solo le informó que había fallecido en un accidente, pero cuando ya lo había enterrado. Esto la llevó a dudar de la versión y a buscar ayuda en la Policía.
Finalmente, se realizó una necropsia que confirmó que el niño murió por edema cerebral y traumatismo encéfalo craneal cerrado debido a los golpes que había sufrido. El cuerpo del menor presentaba signos de violencia, con golpes en el estómago, la espalda y el tórax, indicando que sufrió maltrato prolongado.
En marzo de 2023, se dictó sentencia en este caso. El padre fue condenado a 30 años de prisión en el penal de El Abra por infanticidio, mientras que su pareja recibió una sentencia de dos años por homicidio culposo.
Cuando ocurre una muerte, es esencial realizar una autopsia para esclarecer la causa del deceso e investigar posibles casos de violencia, como asesinatos, homicidios, infanticidios o feminicidios. Sin embargo, en Bolivia, especialmente en áreas rurales, a veces los familiares de la víctima se oponen a este examen forense, argumentando que no se debe mutilar el cuerpo del fallecido. En ocasiones, terminan firmando actas de oposición.
Además de los casos de certificados de defunción falsos para encubrir crímenes, en Bolivia también se han descubierto certificados médicos presentados por personas privadas de libertad. Estos certificados se han utilizado para alegar enfermedades, tanto graves como leves, con el fin de obtener la liberación de la prisión.
No hay comentarios.: