El ejecutivo, aclaró su postura acerca de la respuesta de la MAE Regional, que además de ser tardía (ya que la solicitud se la hizo presente en fecha 8 de junio), la reglamentación y movimientos presupuestarios del mismo, están respaldados en el marco de “atención del Covid 19” como emergencia sanitaria, cuando el último decreto deja de lado esta postura y se centra en problemáticas como el fenómeno de la sequía, entre otros. Sin embargo, bajo la voluntad de apoyar económicamente a la población, el ejecutivo de desarrollo de Villa Montes, está siguiendo el procedimiento emanado por el GAR de Yacuiba, para el pago del Bono Esperanza. “Según el escrito, primero indica que se proceda a elaborar la base de datos, para ver a quiénes se dará este bono, una vez culminado ese paso, recién podemos hacer efectiva la cancelación”, indicó Ruiz.
“Actualmente, el equipo jurídico legal de la Gobernación, la unidad de Gobernabilidad, Planificación y Finanzas, están trabajando para darle un contexto legal al pago de este bono, para que nadie se vea perjudicado, pues de hacer algún mal movimiento sin sustentación de Ley, hasta la misma población se verá perjudicada, teniendo que devolver el dinero y es lo que menos queremos, por eso se irá procediendo por pasos”, agregó.
Anunció también que bajo la firme intención de llevar adelante el pago de este bono, ya se publicó a través de su página oficial institucional, el “Cronograma de Levantamiento de Datos”, un trabajo llevado adelante en coordinación con la unidad de Sistemas Informáticos y otras unidades, para poder culminar el trabajo en una semana, en brigadas con un total de 50 funcionarios aproximadamente, dedicándole 6 horas de trabajo al día, tal como había indicado anteriormente su asesor legal, Eduardo Plaza.
Finalmente, reprochó el compromiso del GAR Yacuiba de asumir procesos para los cuales el presupuesto no abastece, como aparentemente será el Bono Esperanza y además manifestó su preocupación referida a que, como se tiene previsto que el dinero se sacará de programas, se dejará sin empleo a varios funcionarios públicos para cubrir el monto faltante para pagar a las familias necesitadas.
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