Tal como lo prometió en campaña, el gobierno de Javier Milei reabrió el debate sobre la última dictadura en Argentina y el papel de las fuerzas armadas, al cuestionar el número de desaparecidos y proponer que los militares actúen en la seguridad interna del país.
En un acto el martes con veteranos de la guerra de Malvinas
que Argentina perdió ante el Reino Unido en 1982, el presidente culpó a la
política de "hostigar y humillar" a los militares por lo ocurrido
durante la dictadura tras el retorno de la democracia un año más tarde, y
prometió limpiar sus nombres.
El gobierno de Milei también divulgó recientemente en el
aniversario del último golpe de Estado de 1976 un video que cuestiona la cifra
de 30.000 desaparecidos durante la dictadura y que fue consensuada en su
momento por organizaciones de derechos humanos.
Además, anunció el mes pasado la intención de reformar una
ley para permitir que las fuerzas armadas intervengan en operaciones destinadas
a restablecer la seguridad en asuntos internos.
Esta medida apunta a combatir el "narcoterrorismo"
que azota Rosario, una ciudad 300 km al norte de Buenos Aires que ha sido
escenario de impactantes hechos de violencia por parte de bandas criminales y
mediáticas respuestas de las fuerzas de seguridad.
- "Narcos en chancletas" -
En Argentina, desde 1991, el ejército solo puede
proporcionar equipamiento y apoyo técnico a la policía y demás fuerzas de
seguridad, sin intervenir directamente.
La idea de que los militares custodien la seguridad interna
despierta ecos dolorosos del pasado, en momentos en que el gobierno reabre la
llaga de lo ocurrido en la década de 1970, marcada por miles de desapariciones,
exilios y ejecuciones en centros clandestinos.
Los propios militares se sienten incómodos con la idea de
ocuparse del orden interno y grandes sectores de la sociedad -de la derecha a
la izquierda- rechazan esta iniciativa.
Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a
ciertos sectores cuestionados de las instituciones militares, se mostró en
contra: "La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles",
afirmó en una entrevista al canal TN.
"En los años 1970 se combatió al terrorismo",
dijo, al referirse a grupos guerrilleros. "¿Y dónde están los que lo
combatieron? Presos", continuó Villarruel, que reivindica la "teoría
de los dos demonios" según la cual los movimientos clandestinos que
enfrentaron a los militares en aquel entonces también deben ser llevados ante
la justicia.
En defensa del uso de las fuerzas armadas para combatir al
llamado "narcoterrorismo", la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, comentó que "el país tiene que poder salir de sus heridas y
avanzar hacia el futuro"¨ "Las fuerzas armadas hoy son parte integral
de nuestra democracia", señaló.
Para algunos expertos, hay una cuestión de proporcionalidad,
ya que según ellos en el caso de Rosario la delincuencia es cometida
principalmente por micropandillas todavía precarias.
"Hay que preguntarse si el nivel de violencia narco en
Rosario amerita el uso de las fuerzas armadas. Acá estamos hablando de
narcotraficantes en chancletas", ironizó Jorge Luis Vidal, especialista en
gestión de la seguridad pública y lucha contra el narcotráfico.
Ariel Larroude, director del Observatorio de Política
Criminal, fue más tajante: "Si las fuerzas armadas intervienen en
conflictos de seguridad y fracasan, estos dispositivos criminales le perderán
definitivamente el respeto al Estado (...) por esto la respuesta debe ser
gradual y con fuerzas de seguridad".
- "Una lista abierta" -
El reposicionamiento de las fuerzas armadas ante la opinión
pública incluye la revisión de su accionar durante la dictadura y el número de
víctimas que dejó.
Organismos de derechos humanos y parte del espectro
político, de la centro-derecha a la izquierda, afirman que fueron 30.000, pero
otros sectores hasta hace poco marginales aseguran que la cifra verdadera ronda
los 8.000.
Milei asegura que la dictadura dejó 8.753 desaparecidos, un
número más cercano a los 8.961 que registró el informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep) publicado en 1984.
La Conadep también aclaró entonces que se trataba de
"una lista abierta", que fue levemente modificada en 2015.
"No es una discusión nueva, esto ha pasado en otros
períodos políticos; no con interés de conocer la verdad sino con interés de
acusar a las víctimas de un déficit de información que en todo caso es
responsabilidad del Estado y es parte de la victimización", explicó a la
AFP Marcela Perelman, directora del equipo de investigación del Centro de
Estudios Legales y Sociales.
El corto documental divulgado por el gobierno de Milei el 24
de marzo, en el 48 aniversario del golpe, negaba la cifra de 30.000 y llamaba a
contar "la historia completa".
Ese mismo día, decenas de miles de personas manifestaron en
todo el país con carteles que rezaban "Son 30.000", en las
movilizaciones más multitudinarias en años en conmemoración del golpe.
Agencias
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