El Gobierno volverá a plantear las modificaciones al Código Penal - Periódico El Gran Chaco - Noticias de Yacuiba, Gran Chaco, Tarija, Bolivia y el Mundo.

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El Gobierno volverá a plantear las modificaciones al Código Penal

 


El Deber

Dos años después de las protestas nacionales que se encendieron cuando el Gobierno intentó cambiar el Código Penal, ahora el tema volverá a ser puesto en la mesa del debate.

Así lo aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima, autoridad que en una conversación telefónica con EL DEBER reconoció que la norma, de la cual él fue uno de los proyectistas, no tuvo la consulta suficiente con los sectores sociales por lo que ahora el tema volverá ser tratado en 2021.

“Estoy muy orgulloso por haber participado de la elaboración de esa ley, pero al mismo tiempo estoy muy arrepentido por no haberla llevado a un proceso de socialización amplio en aquel momento”, afirmó la autoridad.

“Puedo decir oficialmente que el Ministerio de Justicia pedirá que se reponga ese proyecto de ley en 2021, pero no será con el error de presentarlo directamente al Parlamento. Vamos a iniciar un proceso de socialización con los colegios de abogados, con los de profesionales, con las universidades, con los medios de comunicación y con todos los sectores involucrados”, precisó Lima.

Para el ministro, es necesario reponer el debate sobre el cambio del Código Penal, norma a la que calificó de anticuada y desfasada de la realidad actual, ya que fue elaborada en 1999 y desde esa fecha ya tuvo siete reformas.

Para la presidenta de Colegio Nacional de Abogados, Silvia Padilla, la posibilidad de reabrir el debate sobre un nuevo Código del Sistema Penal es una idea que ya fue expuesta por el Gobierno en reuniones que sostuvieron hace algunas semanas. Ella espera que las palabras se conviertan en hechos concretos, para analizar la verdadera actitud del Gobierno.

“El documento no era completamente malo, había cosas que debían ser modificadas y otras que tenían que ser mejor explicadas. Mientras se actúe de forma transparente y se acepten las sugerencias, todo será posible”, apuntó la titular nacional de los colegios de abogados.

Para el Gobierno, la norma actual es responsable, en parte, de la multireincidencia de los reclusos y de las decisiones que la población califica como injustas, cuando los juzgadores toman ciertas determinaciones en procesos penales.

Juicio y consejeros

El ministro Lima a mediados de la semana pasada pidió a los tres miembros del Consejo de la Magistratura que renuncien o caso contrario él les iniciaría, a nombre del Gobierno, un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los magistrados Gonzalo Alcón, Omar Michel y Dolka Gómez, no dejaron sus funciones como consejeros, cargo al que accedieron en 2017 al final de una cuestionada elección judicial. Tampoco salieron a decir nada respeto al pedido de Lima, que como primera ley de emergencia ha pedido la modificación al procedimiento legislativo para llevar adelante juicios de responsabilidades contra las altas autoridades del Poder Judicial.

 

“La primera ley de urgencia es justamente la modificación a los juicios de responsabilidades, que tiene que ver con cambios en la ley 44 y la 612, que modifica la 044. El procedimiento que tenemos para enjuiciar a las altas autoridades de justicia de Sucre, es un procedimiento que inclusive es inconstitucional, en mi criterio, porque no se ajusta a los mandatos de nuestra constitución y ahí el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema y ha declarado inconstitucional el artículo 39 de la ley 44, en la sentencia constitucional 34/2020”, explicó el ministro.

Pero la explicación de Lima y las afirmaciones que lanzó la semana pasada, tiene como sustento la misma sentencia constitucional a la que hacía referencia líneas arriba, ya que al señalar este dictamen dice: “El Tribunal (Constitucional) nos ha abierto el candado que teníamos para hacer juicios contra magistrados y consejeros, y si bien se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 39, esto no implica que haya un perjuicio para los juicios que anuncié se iniciarían, todo lo contrario, nos permite tramitar esta nueva ley a la que hacía referencia”.

Finalmente, uno de los hombres fuertes del gabinete del presidente Luis Arce, dijo que la diputada Estefanía Salazar, jefa de bancada del MAS, ya pidió la reposición del proyecto de ley para que los juicios de responsabilidades sean más ágiles y se ajusten a la Constitución Política del Estado.

La normativa ya fue tratada en la Cámara de Senadores y, de acuerdo con Lima, solo queda pendiente la aprobación en la Cámara de Diputados, donde el MAS tiene mayoría.

Justicia constitucional

Una segunda disposición que el Gobierno ya tiene lista y solo falta el visto bueno de los senadores para pasar a manos del presidente, es una que reconfigura el Tribunal Constitucional.

La disposición, que fue debatida al final de la gestión legislativa y que provocó temores y dudas, es una normativa que hace desaparecer las vocalías constitucionales departamentales que fueron implementadas hace pocos años en el país para desconcentrar el caos de demandas que se quedaban estancadas en las salas de Sucre.

Vocales y algunos analistas indicaron a conocer la ley, que con esto se quitaba la independencia de poderes, ya que en uno de los artículos de este documento se establece que será la Asamblea Legislativa la instancia que nombre y seleccione a los miembros de un tribunal disciplinario, que deberán resolver las controversias de juzgadores que sean cuestionados por su mal proceder.

Del mismo modo, se criticó el carácter de ilimitado que será el mandato que tendrán los jueces constitucionales, ya que así estas autoridades se quedarían en los cargos sin tiempo definido.

Ante estas observaciones, el ministro Lima dijo que no existe una intromisión de ningún poder en la justicia, ya que recordó que es la instancia legislativa la que nombra y designa a otras autoridades del mismo poder. Respecto al tiempo indefinido en el mandato de los juzgadores constitucionales, la autoridad aseguró que así como no tendrán tiempo límite de funciones, de igual manera existirá una instancia de evaluación permanente que los podrá remitir para un proceso.

“Te quedas indefinido, pero también tienes un jurado de enjuiciamiento y de evalución de desempeño”, apuntó el ministro de Justicia, como base para entender los nuevos cambios que se aplicarán en el Tribunal Constitucional, donde también se creará una sala receptora de todas las causas, que tendrá poder de dictar medidas cautelares, antes de que alguna de las salas constitucionales tome decisiones sobre el fondo de los pedidos que se hagan.

Asimismo, Lima dijo que este jurado de enjuiciamiento le quitará esa competencia al Consejo de la Magistratura, donde ahora hay jueces disciplinarios.

Eduardo Rodríguez Veltzé, Antonio Ribera, Bernardo Wayar, entre algunos de los miembros de la comisión de asesores

“Para afectar las atribuciones del Consejo de la Magistratura necesitamos una reforma constitucional y lo que me ha pedido el presidente es que la reforma constitucional sea un escenario de encuentro entre todos los bolivianos, un escenario de nacional en el que hablemos todos los bolivianos y generemos un proceso participativo”, explicó el ministro Iván Lima, al referirse a los avances sobre este proceso, que, entre otras cosas, busca anular las atribuciones que manejó hasta ahora el Consejo de la Magistratura.

Para llevar adelante estos cambios, se ha creado una comisión de consejeros que asesoren al Ministerio de Justicia en la toma de decisiones respecto al proceso más adecuado para ejecutar los cambios en la constitución.

Lima reveló que entre los juristas destacados para trabajar junto a él está el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el rector de la Universidad Andina, Jose Luis Gutiérrez Sardán; el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Ribera; el exviceministro y expresidente del Colegio de Abogados, Bernardo Wayar.

“Estamos esperando la confirmación de dos destacadísimos profesionales cruceños”, afirmó la autoridad y recordó que el jueves 3 de diciembre, a partir de las 15:00, se reunirá esta comisión de juristas para comenzar a discutir las reformas al sistema judicial nacional y ver la necesidad o no, de realizar modificaciones a la Constitución Política del Estado.

“Del trabajo de esta comisión podremos decirle al país si vamos a una Asamblea Constituyente, si vamos a hacer una reforma parcial o si finalmente vamos a trabajar en las reformas sin la necesidad de una nueva Constitución”, agregó.

El Gobierno volverá a plantear las modificaciones al Código Penal Reviewed by jarancibia on 11/29/2020 Rating: 5   El Deber Dos años después de las protestas nacionales que se encendieron cuando el Gobierno intentó cambiar el Código Penal, ahora el te...

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