El Deber
Dos años después de las protestas nacionales que se
encendieron cuando el Gobierno intentó cambiar el Código Penal, ahora el tema
volverá a ser puesto en la mesa del debate.
Así lo aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima, autoridad
que en una conversación telefónica con EL DEBER reconoció que la norma, de la
cual él fue uno de los proyectistas, no tuvo la consulta suficiente con los
sectores sociales por lo que ahora el tema volverá ser tratado en 2021.
“Estoy muy orgulloso por haber participado de la elaboración
de esa ley, pero al mismo tiempo estoy muy arrepentido por no haberla llevado a
un proceso de socialización amplio en aquel momento”, afirmó la autoridad.
“Puedo decir oficialmente que el Ministerio de Justicia
pedirá que se reponga ese proyecto de ley en 2021, pero no será con el error de
presentarlo directamente al Parlamento. Vamos a iniciar un proceso de
socialización con los colegios de abogados, con los de profesionales, con las
universidades, con los medios de comunicación y con todos los sectores
involucrados”, precisó Lima.
Para el ministro, es necesario reponer el debate sobre el
cambio del Código Penal, norma a la que calificó de anticuada y desfasada de la
realidad actual, ya que fue elaborada en 1999 y desde esa fecha ya tuvo siete
reformas.
Para la presidenta de Colegio Nacional de Abogados, Silvia
Padilla, la posibilidad de reabrir el debate sobre un nuevo Código del Sistema
Penal es una idea que ya fue expuesta por el Gobierno en reuniones que
sostuvieron hace algunas semanas. Ella espera que las palabras se conviertan en
hechos concretos, para analizar la verdadera actitud del Gobierno.
“El documento no era completamente malo, había cosas que
debían ser modificadas y otras que tenían que ser mejor explicadas. Mientras se
actúe de forma transparente y se acepten las sugerencias, todo será posible”,
apuntó la titular nacional de los colegios de abogados.
Para el Gobierno, la norma actual es responsable, en parte,
de la multireincidencia de los reclusos y de las decisiones que la población
califica como injustas, cuando los juzgadores toman ciertas determinaciones en
procesos penales.
Juicio y consejeros
El ministro Lima a mediados de la semana pasada pidió a los tres
miembros del Consejo de la Magistratura que renuncien o caso contrario él les
iniciaría, a nombre del Gobierno, un juicio de responsabilidades en la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
Los magistrados Gonzalo Alcón, Omar Michel y Dolka Gómez, no
dejaron sus funciones como consejeros, cargo al que accedieron en 2017 al final
de una cuestionada elección judicial. Tampoco salieron a decir nada respeto al
pedido de Lima, que como primera ley de emergencia ha pedido la modificación al
procedimiento legislativo para llevar adelante juicios de responsabilidades
contra las altas autoridades del Poder Judicial.
“La primera ley de urgencia es justamente la modificación a
los juicios de responsabilidades, que tiene que ver con cambios en la ley 44 y
la 612, que modifica la 044. El procedimiento que tenemos para enjuiciar a las
altas autoridades de justicia de Sucre, es un procedimiento que inclusive es
inconstitucional, en mi criterio, porque no se ajusta a los mandatos de nuestra
constitución y ahí el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema
y ha declarado inconstitucional el artículo 39 de la ley 44, en la sentencia
constitucional 34/2020”, explicó el ministro.
Pero la explicación de Lima y las afirmaciones que lanzó la
semana pasada, tiene como sustento la misma sentencia constitucional a la que
hacía referencia líneas arriba, ya que al señalar este dictamen dice: “El
Tribunal (Constitucional) nos ha abierto el candado que teníamos para hacer
juicios contra magistrados y consejeros, y si bien se ha declarado la
inconstitucionalidad del artículo 39, esto no implica que haya un perjuicio
para los juicios que anuncié se iniciarían, todo lo contrario, nos permite
tramitar esta nueva ley a la que hacía referencia”.
Finalmente, uno de los hombres fuertes del gabinete del
presidente Luis Arce, dijo que la diputada Estefanía Salazar, jefa de bancada
del MAS, ya pidió la reposición del proyecto de ley para que los juicios de
responsabilidades sean más ágiles y se ajusten a la Constitución Política del
Estado.
La normativa ya fue tratada en la Cámara de Senadores y, de
acuerdo con Lima, solo queda pendiente la aprobación en la Cámara de Diputados,
donde el MAS tiene mayoría.
Justicia constitucional
Una segunda disposición que el Gobierno ya tiene lista y
solo falta el visto bueno de los senadores para pasar a manos del presidente,
es una que reconfigura el Tribunal Constitucional.
La disposición, que fue debatida al final de la gestión
legislativa y que provocó temores y dudas, es una normativa que hace desaparecer
las vocalías constitucionales departamentales que fueron implementadas hace
pocos años en el país para desconcentrar el caos de demandas que se quedaban
estancadas en las salas de Sucre.
Vocales y algunos analistas indicaron a conocer la ley, que
con esto se quitaba la independencia de poderes, ya que en uno de los artículos
de este documento se establece que será la Asamblea Legislativa la instancia
que nombre y seleccione a los miembros de un tribunal disciplinario, que
deberán resolver las controversias de juzgadores que sean cuestionados por su
mal proceder.
Del mismo modo, se criticó el carácter de ilimitado que será
el mandato que tendrán los jueces constitucionales, ya que así estas
autoridades se quedarían en los cargos sin tiempo definido.
Ante estas observaciones, el ministro Lima dijo que no
existe una intromisión de ningún poder en la justicia, ya que recordó que es la
instancia legislativa la que nombra y designa a otras autoridades del mismo
poder. Respecto al tiempo indefinido en el mandato de los juzgadores
constitucionales, la autoridad aseguró que así como no tendrán tiempo límite de
funciones, de igual manera existirá una instancia de evaluación permanente que
los podrá remitir para un proceso.
“Te quedas indefinido, pero también tienes un jurado de
enjuiciamiento y de evalución de desempeño”, apuntó el ministro de Justicia,
como base para entender los nuevos cambios que se aplicarán en el Tribunal
Constitucional, donde también se creará una sala receptora de todas las causas,
que tendrá poder de dictar medidas cautelares, antes de que alguna de las salas
constitucionales tome decisiones sobre el fondo de los pedidos que se hagan.
Asimismo, Lima dijo que este jurado de enjuiciamiento le
quitará esa competencia al Consejo de la Magistratura, donde ahora hay jueces
disciplinarios.
Eduardo Rodríguez Veltzé, Antonio Ribera, Bernardo Wayar,
entre algunos de los miembros de la comisión de asesores
“Para afectar las atribuciones del Consejo de la
Magistratura necesitamos una reforma constitucional y lo que me ha pedido el
presidente es que la reforma constitucional sea un escenario de encuentro entre
todos los bolivianos, un escenario de nacional en el que hablemos todos los
bolivianos y generemos un proceso participativo”, explicó el ministro Iván
Lima, al referirse a los avances sobre este proceso, que, entre otras cosas,
busca anular las atribuciones que manejó hasta ahora el Consejo de la
Magistratura.
Para llevar adelante estos cambios, se ha creado una
comisión de consejeros que asesoren al Ministerio de Justicia en la toma de
decisiones respecto al proceso más adecuado para ejecutar los cambios en la
constitución.
Lima reveló que entre los juristas destacados para trabajar
junto a él está el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el rector de la
Universidad Andina, Jose Luis Gutiérrez Sardán; el exmagistrado del Tribunal
Constitucional José Antonio Ribera; el exviceministro y expresidente del
Colegio de Abogados, Bernardo Wayar.
“Estamos esperando la confirmación de dos destacadísimos
profesionales cruceños”, afirmó la autoridad y recordó que el jueves 3 de
diciembre, a partir de las 15:00, se reunirá esta comisión de juristas para
comenzar a discutir las reformas al sistema judicial nacional y ver la
necesidad o no, de realizar modificaciones a la Constitución Política del
Estado.
“Del trabajo de esta comisión podremos decirle al país si
vamos a una Asamblea Constituyente, si vamos a hacer una reforma parcial o si
finalmente vamos a trabajar en las reformas sin la necesidad de una nueva
Constitución”, agregó.
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