Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, se reportaron en el país 663 embarazos en niñas menores de 14 años, es decir, dos embarazos por día, según cifras del Ministerio de Salud. No hay registros de casos que hubieran concluido en interrupción legal del embarazo (ILE), pese a que la ley así lo permite.
Las cifras, además, develan que la mayoría de esos casos de embarazos es resultado de violencia sexual por agresores que forman parte del entorno familiar o cercano a la víctima, y que pocas veces se denuncian.
La abogada del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), María Leonor Oviedo, explica que estos embarazos son ineludiblemente fruto de una violación. “Esto significa que hasta la fecha en las cárceles tendrían que existir 663 hombres con detención preventiva o sentencia por violación a niña o adolescente”, señaló.
Pese a que la Sentencia Constitucional 206/2014 establece que toda niña o adolescente que haya quedado embarazada fruto de una violación puede someterse a la ILE, el Estado no trabajó en socializar esta alternativa.
No están disponibles cifras que muestren qué porcentaje de víctimas de violación accedieron al ILE, cuántas tuvieron un aborto clandestino y cuántas completaron su embarazo.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el CUBE lamentan que, durante la emergencia sanitaria, no se haya socializado esta opción que no sólo evita que la víctima de violación continúe siendo victimizada, sino también que su vida no corra riesgo.
“Durante la cuarentena no hubo instancias reales dónde denunciar. Muchas niñas víctimas tuvieron que ir caminando a la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a sentar la denuncia. Gran parte de ellas caminaba desde zonas alejadas. Después de ir a la Felcc, las mandaban al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) en Coña Coña. No hubo protección ni información verdadera”, lamenta Oviedo.
En Tarija, una menor de 13 años, víctima de violación por parte de su padrastro, tuvo que peregrinar más de un mes buscando un centro médico para interrumpir su embarazo.
Este caso fue denunciado en septiembre, cuando la menor tenía 16 semanas de gestación.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), recibió la denuncia de la violación el miércoles 26 de agosto. Días después inició la gestión ante la Fiscalía para adquirir un requerimiento fiscal para la ILE.
“Es importante recordar que en estos casos la víctima puede acceder a una interrupción del embarazo presentando como único requisito el formulario de denuncia formal. No hace falta ningún otro documento”, recuerda la representante regional del Defensor del Pueblo en Yacuiba, María Paredes.
En este caso, se logró hacer la interrupción, pero hay otros en que las menores tuvieron que dar a luz por el desconocimiento de la Sentencia 206/2014 o porque ni la DNA, la Policía o la Fiscalía dan la orientación necesaria a las víctimas al momento de sentar la denuncia.
“Durante el confinamiento, se debieron habilitar unidades especiales de la Policía para ir y atender los casos, y no que las víctimas tengan que recorrer largas distancias para realizar la denuncia. Entendemos que en la Policía existen muchas limitaciones, pero es deber de las autoridades brindar insumos para que desempeñen sus labores”, refiere Oviedo.
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