El diálogo está en pausa. Desde que se instaló hace dos días no mostró avances ni retrocesos, pero tampoco una ruptura formal. El presidente Rodrigo Paz afirmó ayer que las conversaciones se desarrollan “de buena manera”, aunque no existen acuerdos visibles porque la mesa con la Central Obrera Boliviana (COB) no volvió a reunirse. Mientras, los campesinos de La Paz muestran señales de división y las pérdidas siguen acumulándose en buena parte del territorio. Así llegó Bolivia al día 50 de conflicto.
En ese contexto, el dirigente máximo de la COB, Mario
Argollo, exigió una amnistía para todas las personas detenidas y procesadas por
hechos violentos ocurridos durante la protesta y, por su lado, el Ejecutivo
condicionó la continuidad de las conversaciones al levantamiento de todos los
bloqueos. Al final de la jornada de ayer la COB no instruyó la liberación de
las carreteras y el Gobierno no retiró los procesos contra los detenidos porque
este tema estaba siendo analizada en el ámbito jurídico, según reveló el
ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista en el programa
Otra Noche de la periodista Sissí Áñez del grupo EL DEBER.
Mientras tanto, el impacto de la extendida protesta con
bloqueos impacta a sectores público y privado. Según estimaciones
empresariales, el conflicto podría contraer al menos 5% el Producto Interno
Bruto (PIB) de este año. Solo la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (Cainco) calculó que las pérdidas acumuladas bordean los
$us 2.700 millones, mientras que los sectores productivos sumaban otros
millones de dólares en pérdidas.
Pero, la principal coincidencia entre el Gobierno y la COB
es la disposición de mantener el diálogo. Lupo destacó que las conversaciones
fueron posibles porque la dirigencia sindical retiró de su discurso la
exigencia de renuncia del presidente Paz. “Claramente eso estaba reñido con la
democracia y no era posible entablar ningún tipo de diálogo”, afirmó. Sin
embargo, rechazó el pedido de liberar de responsabilidad a todos los procesados
por actos violentos y cuestionó la pretensión de que cualquier decreto o ley
sea consultado previamente con la COB. “No se va a cogobernar con nadie. Si
alguna organización como la COB pretende normar de esa manera, tiene que
someterse a elecciones”, sostuvo Lupo. Sus declaraciones molestaron a Argollo,
quien aseguró que la organización sindical no pretende compartir el poder.
“No queremos cogobernar”, respondió. A su juicio, esas
declaraciones buscan “echar leña al fuego” y “entorpecer la negociación”.
Informó, además, que abogados de la COB y fiscales revisan los casos de los
procesados.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en los 50 días
de protestas fueron arrestadas unas 360 personas. La mayoría recuperó su
libertad, pero 103 continúan procesadas o con detención preventiva en La Paz,
El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.
Algunos detenidos se acogieron a procedimientos abreviados,
recibieron condenas de tres años de prisión y luego solicitaron el perdón
judicial para evitar su ingreso a un penal.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron rechazos a
la condición planteada por Argollo. El presidente del Senado, Diego Ávila,
señaló a EL DEBER que quienes cometieron delitos durante las movilizaciones
deben responder ante la Justicia.
El diputado Édgar Zegarra, de Libre, ratificó la denuncia
penal contra Argollo y otros representantes, entre ellos el senador Nilton
Condori y dirigentes de la Federación Túpac Katari. “Señor Argollo, no voy a
descansar hasta meterlo a la cárcel, se lo digo de frente, y a todos los que
han bloqueado y han traído luto y dolor a este pueblo. Nosotros no vamos a
retroceder”, advirtió Zegarra.
Hasta el cierre de esta edición, los equipos jurídicos de la
COB y el Gobierno seguían trabajando, mientras entre los campesinos de La Paz
se intentaba llamar a las bases para acordar una decisión.
El Deber
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