En un giro de los acontecimientos, las autoridades y representantes de las provincias Arce y O’Connor decidieron levantar la huelga de hambre que mantenían desde hace días, luego de que la presidente de la Asamblea en ejercicio, Dorita Miranda, enviara el proyecto de ley a comisiones este viernes.
El Presidente, Alan Barca Herrera, se encuentra en alternancia,
lo que agrega un componente adicional a la situación política actual en la
región.
Noelia Brush, representante de Padcaya, confirmó la
suspensión de la huelga y advirtió que, aunque han ganado una primera batalla,
el trabajo por la justicia para las provincias Arce y O’Connor será largo.
Brush destacó que la lucha no es a favor de ninguna autoridad política en
particular, sino en beneficio de las provincias productoras.
«Que la población nos comprenda, es un tema de justicia, no
es a favor de ninguna autoridad política ni de nadie, sino de las provincias
productoras», sostuvo Brush, añadiendo que el propio gobernador Oscar Montes
admitió que este tema es competencia departamental.
La ley que buscan tiene urgencia, según Brush, porque la
explotación del campo Churumas en Padcaya está en riesgo de llevarse el 45%,
casi la mitad, al Gran Chaco. «Eso tiene que cambiarse, por eso estamos
luchando», afirmó.
En contraste, Álvaro Ojeda, Asambleísta departamental del
Gran Chaco, insistió en que la Asamblea departamental no tiene competencia para
abordar este asunto. Ojeda expresó su extrañeza ante las afirmaciones del
Gobernador Montes y comparó la situación con la Ley del 1% para ocho
municipios, señalando las diferencias en la legislación nacional.
Miguel Salazar Nieves, Secretario de Gestión Institucional
del Gobierno Regional del Chaco, reiteró que este asunto no es competencia de
la Asamblea departamental, sino nacional. Afirmó que el Estatuto de Autonomía
Regional, que establece el 45%, está constitucionalizado y fue aprobado por
referéndum del Gran Chaco. Destacó que ninguna ley departamental podría derogar
o abrogar el Estatuto.
Salazar advirtió sobre las dificultades de transferencia si
se aprobara una Ley departamental, subrayando que el Gran Chaco tomará acciones
más significativas si el asunto persiste.
En cuanto a las posibles medidas futuras, Jaqueline Castro,
Presidente del Comité Cívico Femenino de Bermejo, declaró que si la Asamblea
departamental no admite el proyecto de ley, se asumirán otras medidas de
presión tras consultar a las organizaciones de la población. Remarcó que los
recursos obtenidos no serán para los dirigentes ni las autoridades, sino para
proyectos en las comunidades municipales.
La Voz de Tarija
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