El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha enviado a la
Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley para modificar el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), regulado en la Ley Nº 843, con el claro
objetivo de ampliar los alcances de este impuesto a los servicios digitales
provistos desde el exterior (Netflix, Spotify, Amazon, Facebook, Google Ads,
etc), de tal modo de consolidar la “igualdad de condiciones entre las grandes
firmas del exterior que prestan servicios digitales en Bolivia y las empresas
que operan formalmente en nuestro país” (sic). Hasta ahora no he conocido el
texto del anteproyecto, por lo que mal podría opinar sobre su contenido y menos
atreverme a valorar su utilidad dentro del sistema tributario boliviano. Pero
sí me he enterado de algunos denominadores comunes en la región.
Los grandes proveedores de servicios digitales (música, películas,
entretenimiento, deportes y otros rubros) cumplen sus deberes tributarios en
todos los países que les han gravado sus ventas. Esto no es extraño, ni tampoco
nos debe sorprender que después de la aprobación legislativa, estas grandes
empresas incrementen sus precios para trasladar la carga fiscal al consumidor
final. El gobierno argentino ya pasó por esta experiencia, pese a que antes de
aprobar la ley puso uno y mil pretextos para justificar una lucha ficticia
contra el capitalismo y las desigualdades sociales, pero en los hechos ese
discurso voló como bumerang contra los consumidores y usuarios argentinos. De
ser este el caso, lo propio puede que ocurra en Bolivia.
En estos días y de forma paralela, en México, el partido de gobierno ha
sugerido una iniciativa para establecer un nuevo impuesto del 7% sobre las
tarifas de los servicios de streaming (Netflix o Apple TV).
Las características del impuesto, seguramente variarán según las peculiaridades
del discurso político que sustenta el proyecto, pero lo que seguramente
resultará uniforme es el afán por obtener recursos para “redistribuir la
riqueza entre las clases menos favorecidas”. En el caso mexicano, y así está
proyectado, el impuesto que se recaude de las empresas de servicios digitales
será destinado a estimular y desarrollar beneficios en favor de los pueblos
indígenas de México, esto fue lo que escuché a una diputada de Morena, partido
político del presidente López Obrador. No nos pasmaría que los servidores del
MEFP incorporen en su anteproyecto de ley un destino parecido, para equiparar
el discurso político que tanto les une con sus pares mexicanos.
Los servidores del MEFP estiman que la recaudación tributaria será de Bs
100 millones por este nuevo impuesto, y presumo que saldrán de los bolsillos de
contribuyentes de la clase media, mayoritariamente consumidores de estos
productos digitales; y que ya de por sí sostienen a la economía nacional con el
pago total del IVA, a través de las empresas formales que indirectamente lo
recaudan.
Si el propósito es modificar el IVA para que estas grandes
transnacionales supuestamente abonen el impuesto, lo que el Gobierno debería
evitar es que el consumidor final en realidad termine cubriendo el tributo a
través de alzas en los precios finales, por efecto de la incidencia que se
produce en el último eslabón de la compraventa de servicios digitales.
Puede también ocurrir que el Gobierno del presidente Lucho se haya
propuesto obligar a los bancos bolivianos que informen de las remesas de dinero
al exterior por estas ventas de servicios a través de tarjetas de débito o
crédito, y al mismo tiempo obligarles a que retengan un porcentaje de lo
remesado para así fiscalizar a los grandes proveedores digitales. Sólo queda
esperar la “socialización real” del anteproyecto de ley para debatir
sinceramente con el fisco algo mucho más importante: la reforma integral de
nuestro sistema tributario.
El autor es abogado.
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