AFP
Un juez peruano abrió ayer un juicio contra el encarcelado
expresidente Alberto Fujimori y otros exfuncionarios, inculpados por las
"esterilizaciones forzadas" de miles de mujeres pobres, muchas de
ellas indígenas, entre 1996 y 2000.
Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres
exministros de Salud, "hicieron mucho daño con su política", afirmó
el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos, en una audiencia virtual que
contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son
indígenas que no dominan el español.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres fueron sometidas
a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a
cabo en sus últimos cuatro años en el poder. El expresidente de ancestros
japoneses, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000.
El fiscal afirmó que los inculpados "jugaron con las
vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño"
causado.
Fujimori -quien cumple una condena de 25 años por
violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, pues solo
está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición
desde Chile, en septiembre de 2007.
Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud
Alejandro Aguinaga (actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo
Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos exfuncionarios locales acusados.
En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez
Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser "autores
mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones
graves de los derechos humanos" contra mujeres quirúrgicamente
esterilizadas entre 1996 y 2000.
El magistrado dijo que llevaría adelante el juicio "sin
afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes".
La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias,
entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su
bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las tropas.
También está el caso de una mujer que falleció en marzo de
1998 tras ser sometida a la misma intervención.
Además de las eventuales condenas a los inculpados, las
damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma
al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que
vivió Perú entre 1980 y 2000.
Con esta reforma, impulsada por la exlegisladora izquierdista
Tania Pariona, el Estado peruano reconoció el derecho de las víctimas de
esterilizaciones forzadas a recibir una reparación.
Este juicio puede demorar varios meses en finalizar, e
incluso años.
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