Para el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Francisco José Eguiguren es necesario formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los hechos de violencia ocurridos tras la dimisión de Evo Morales en Bolivia porque no hay garantías para una investigación interna imparcial.
Los hechos de violencia en El Alto y Sacaba, que se saldaron con 18 muertos a bala, fueron calificados por Eguiguren de masacres. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista la noche del jueves con la cadena CNN sobre lo visto por una misión de la CIDH en Bolivia.
“La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció.
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Tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, se activaron bloqueos y marchas en favor del hoy exmandatario, centradas en Cochabamba y El Alto. El 15 de noviembre perdieron la vida por impacto de bala 8 cocaleros que eran parte de una marcha que fue detenida por un operativo policial-militar en su intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba.
Morales renunció acorralado por un prolongado bloqueo cívico, al que se sumó un motín policial y la sugerencia de renuncia del entonces alto mando militar, alentado por denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre. La protesta exigía el respeto al voto y poco después de conocerse los resultados se quemaron las oficinas de los entes electorales de Sucre, Trinidad, Potosí, Tarija y Santa Cruz.
Días después, el martes 19, en Senkata, lugar de un fuerte bloqueo que impedía la salida de combustibles y GLP, perdieron la vida seis personas y posteriormente otros cuatro heridos en medio de otro operativo policial-militar para evacuar un convoy de cisternas para paliar la ya crítica situación de desabastecimiento en ese entonces.
El Gobierno negó que los militares o policías hayan hecho uso de sus armas de reglamento en esos trágicos hechos. La Fiscalía también descartó que se haya empleado en la muerte de esas personas armas de uso policial o militar.
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