Agencias
La propuesta por la legalización del aborto en Argentina vuelve a instalarse, por octava vez en el Congreso, ahora como uno de los temas más controversiales de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
La norma, debatida por primera vez en 2018, fue rechazada por siete votos en el Senado tras obtener una histórica aprobación en la Cámara de Diputados entre multitudinarias manifestaciones que instalaron el pañuelo verde como símbolo de lucha feminista y lamentaron este resultado.
Este año el proyecto se encuentra respaldado con la firma de 15 legisladores de distintos partidos. La propuesta plantea que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”.
Más allá de este plazo, las mujeres tienen derecho a interrumpir la gestación “si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante”
Según el artículo 14 del proyecto, se menciona la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente establecidos.
La propuesta por la legalización del aborto en Argentina vuelve a instalarse, por octava vez en el Congreso, ahora como uno de los temas más controversiales de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
Este año el proyecto se encuentra respaldado con la firma de 15 legisladores de distintos partidos. La propuesta plantea que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”.
Más allá de este plazo, las mujeres tienen derecho a interrumpir la gestación “si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante”
Según el artículo 14 del proyecto, se menciona la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente establecidos.
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